La Constitución en entredicho

 Es noticia en las últimas semanas en qué lugar quedará la objetividad del Tribunal Constitucional, cuando su Presidente, elegido recientemente, ha sido militante del PP y asesor de la OIT, organismo cuyo dictamen viene ser, en parte, determinante, para la valoración de la Reforma laboral española (puesto que España es parte de dicha organización).

 Desgraciadamente, en nuestro país, no es noticia ya la injerencia de la clase política en el Poder Judicial, posiblemente si leemos prensa o atendemos a las noticias cotidianamente, nos vengan a la cabeza diferentes causas en las que la participación de los otros dos poderes estatales, nos resulte, cuando menos, sospechable.

 Política y ámbito jurídico

 Prácticamente cualquier persona, a edades más o menos tempranas, se forma un juicio de valor, adopta determinados puntos de vista para entrar a enjuiciar casi cualquier cosa. En ese juicio, entren en juego la intuición, las experiencias propias y ajenas, nuestro entorno y decenas de actos y hechos más que no vienen al caso. Alargando por tanto tal cuestión, es sensato suponer que cualquier miembro de la sociedad no escapa a la oportunidad de forjar una idea política (o de paradigma social y económico), y los jueces, obviamente, no pueden ser menos. Lo curioso de todo, es que pese a que nuestra Carta Magna prohíbe la filiación judicial a organizaciones con determinada tendencia política, el Alto Tribunal ha considerado oportuno que se creen asociaciones de jueces y magistrados, que para su mejor administración y proyección, procuren alzarse como voz global de un poder que dejó de ser apolítico, incluso de puertas para fuera, justo en ese momento.

 La Constitución establece que los dos grandes Tribunales españoles, Supremo y Constitucional, estén formados por miembros que previamente han sido seleccionados por las Cámaras, al menos en buena parte; de aquí se desprende que nunca un Tribunal de los que mandan, tendrá valoraciones plenamente libres, ni sujetas al tan renombrado saber y entender del juez o magistrado de turno, sino que deberán responder a los intereses previos, a un perjuicio, digamos, que es aquel que viene establecido por la fuerza política electora.

 La inocencia implícita

 Hasta ahora nos habíamos hecho los que no sabían, al menos eso parece. Poco nos había importado un problema que lo es, pero lo es desde mucho antes de que se supiera que el nuevo Presidente del Tribunal Constitucional ha pagado cuotas del Partido Popular hasta hace poco, o que forma parte del organismo que ha de servir de apoyo internacional a las reformas salvajes que se han hecho del mercado laboral y de las condiciones de los trabajadores. Así, a hoy, sin más mediación, podemos afirmar que el PP tiene en la figura del señor Cobos, a un "amigo". Uno de los que dictaminará, con ayuda de la mayoría conservadora, qué interpretación habrá de darse a un texto tan importante como es el que protegen para la sociedad nacional.

 ¿Es ahora cuando más habríamos de poner el grito en el cielo?, quizás, pero no quita para que, implícitamente, hayamos permitido que la política (que al final es poder legislativo) y la justicia vayan sostenidos de la mano, y no sólo dando cobijo a un Estado de Derecho, sino guiando arbitrariamente, los destinos del mismo.

 Al menos ahora, aceptando a un antiguo militante, y no recusando a un tipo que ha formado parte de una organización cuyo objeto de creación y desarrollo, es claramente influyente en nuestra legislación laboral, el PP, o el partido en el gobierno, no esconde que hay una mano que mece la cuna.

 Recusación

 El instrumento a mano del perjudicado, en estos casos, es la recusación. Una acción que permite apartar a un determinado juzgador de cierto sitio, porque en él no se dan las suficientes garantías de iure, de la aplicación de las tan ronroneadas independencia y libertad.

 Pero, obivamente, una formación política nunca irá contra sí misma, ¿para qué recusar a quién, en última instancia, puede ser el legitimador de aquello que disponga en las Cortes?. Tamaño disparate en España está muy al uso, siendo uno de los aspectos que nos alejan para siempre de las grandes organizaciones sociales del mundo.

 Hace no tanto tiempo, tuvimos que aguantar la recusación de un magistrado responsable de valorar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La razón era que en su calidad de jurista de fama contrastada, había prestado ayuda a la elaboración de un estudio (ésto realmente nunca me quedó del todo claro) sobre dicho texto. Muy a pesar de todo, el magistrado, recusado, hubo de apartarse de la valoración en su momento. El PP, en su caso, montó en cólera y con la maquinaria mediática echando chispas, logró lo que quiso...

 Esta "suerte", no la tendremos ahora, amparados en su mayoría absoluta, en una caverna mediática de potencial inigualable, en una sarta de portavoces viperinos y sagaces, en la mentira y el despiste, nos comeremos que el señor Cobos, es un ser plural y equitativo, eso, o nos tragaremos con menos decencia que la Justicia de este país ha dado otro paso hacia el colapso sin poder hacer más cosa que asentir resignados.