Es noticia en las últimas semanas en qué lugar quedará la objetividad del Tribunal Constitucional, cuando su Presidente, elegido recientemente, ha sido militante del PP y asesor de la OIT, organismo cuyo dictamen viene ser, en parte, determinante, para la valoración de la Reforma laboral española (puesto que España es parte de dicha organización).
Desgraciadamente, en nuestro país, no es noticia ya la injerencia de la clase política en el Poder Judicial, posiblemente si leemos prensa o atendemos a las noticias cotidianamente, nos vengan a la cabeza diferentes causas en las que la participación de los otros dos poderes estatales, nos resulte, cuando menos, sospechable.
Política y ámbito jurídico
Prácticamente cualquier persona, a edades más o menos tempranas, se forma un juicio de valor, adopta determinados puntos de vista para entrar a enjuiciar casi cualquier cosa. En ese juicio, entren en juego la intuición, las experiencias propias y ajenas, nuestro entorno y decenas de actos y hechos más que no vienen al caso. Alargando por tanto tal cuestión, es sensato suponer que cualquier miembro de la sociedad no escapa a la oportunidad de forjar una idea política (o de paradigma social y económico), y los jueces, obviamente, no pueden ser menos. Lo curioso de todo, es que pese a que nuestra Carta Magna prohíbe la filiación judicial a organizaciones con determinada tendencia política, el Alto Tribunal ha considerado oportuno que se creen asociaciones de jueces y magistrados, que para su mejor administración y proyección, procuren alzarse como voz global de un poder que dejó de ser apolítico, incluso de puertas para fuera, justo en ese momento.
La Constitución establece que los dos grandes Tribunales españoles, Supremo y Constitucional, estén formados por miembros que previamente han sido seleccionados por las Cámaras, al menos en buena parte; de aquí se desprende que nunca un Tribunal de los que mandan, tendrá valoraciones plenamente libres, ni sujetas al tan renombrado saber y entender del juez o magistrado de turno, sino que deberán responder a los intereses previos, a un perjuicio, digamos, que es aquel que viene establecido por la fuerza política electora.
La inocencia implícita
Hasta ahora nos habíamos hecho los que no sabían, al menos eso parece. Poco nos había importado un problema que lo es, pero lo es desde mucho antes de que se supiera que el nuevo Presidente del Tribunal Constitucional ha pagado cuotas del Partido Popular hasta hace poco, o que forma parte del organismo que ha de servir de apoyo internacional a las reformas salvajes que se han hecho del mercado laboral y de las condiciones de los trabajadores. Así, a hoy, sin más mediación, podemos afirmar que el PP tiene en la figura del señor Cobos, a un "amigo". Uno de los que dictaminará, con ayuda de la mayoría conservadora, qué interpretación habrá de darse a un texto tan importante como es el que protegen para la sociedad nacional.
¿Es ahora cuando más habríamos de poner el grito en el cielo?, quizás, pero no quita para que, implícitamente, hayamos permitido que la política (que al final es poder legislativo) y la justicia vayan sostenidos de la mano, y no sólo dando cobijo a un Estado de Derecho, sino guiando arbitrariamente, los destinos del mismo.
Al menos ahora, aceptando a un antiguo militante, y no recusando a un tipo que ha formado parte de una organización cuyo objeto de creación y desarrollo, es claramente influyente en nuestra legislación laboral, el PP, o el partido en el gobierno, no esconde que hay una mano que mece la cuna.
Recusación
El instrumento a mano del perjudicado, en estos casos, es la recusación. Una acción que permite apartar a un determinado juzgador de cierto sitio, porque en él no se dan las suficientes garantías de iure, de la aplicación de las tan ronroneadas independencia y libertad.
Pero, obivamente, una formación política nunca irá contra sí misma, ¿para qué recusar a quién, en última instancia, puede ser el legitimador de aquello que disponga en las Cortes?. Tamaño disparate en España está muy al uso, siendo uno de los aspectos que nos alejan para siempre de las grandes organizaciones sociales del mundo.
Hace no tanto tiempo, tuvimos que aguantar la recusación de un magistrado responsable de valorar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La razón era que en su calidad de jurista de fama contrastada, había prestado ayuda a la elaboración de un estudio (ésto realmente nunca me quedó del todo claro) sobre dicho texto. Muy a pesar de todo, el magistrado, recusado, hubo de apartarse de la valoración en su momento. El PP, en su caso, montó en cólera y con la maquinaria mediática echando chispas, logró lo que quiso...
Esta "suerte", no la tendremos ahora, amparados en su mayoría absoluta, en una caverna mediática de potencial inigualable, en una sarta de portavoces viperinos y sagaces, en la mentira y el despiste, nos comeremos que el señor Cobos, es un ser plural y equitativo, eso, o nos tragaremos con menos decencia que la Justicia de este país ha dado otro paso hacia el colapso sin poder hacer más cosa que asentir resignados.
martes, 10 de septiembre de 2013
martes, 3 de septiembre de 2013
La Buena Educación
Corren malos tiempos, eso es un hecho que a casi nadie escapa. Al menos para el pueblo llano, para la gente de a pie que nos tropezamos cada día en la calle, las situaciones, en ocasiones, son desesperadas, para otros, asfixiantes, para los menos, como películas diarias del famoso "El último superviviente".
La crisis económica mundial se ha llevado por delante muchos años de esfuerzos, trabajo que se ha volatilizado en apenas un cuatrienio. El antiguo Estado de Derecho había dejado paso al nuevo que añadía como adjetivo "social", para hacer hincapié en aquel estigma de el pueblo que gobierna para el pueblo...
Leyes de educación
Las ha habido por doquier, pero son sin duda las establecidas con la llegada de la democracia, las que más interés han suscitado para las generaciones que hoy día copan el mercado laboral. Cada facción política hace suya la Educación, el consenso ha quedado postergado por la necesidad de pervivencia histórica. Las defensas de ideales políticos no pueden subsistir si no existen dogmas de fe. Y eso, en este país tan manejable, lo sabe el más pintado...no quieran saber los políticos que nos ha tocado en suerte.
1985, 1990, 2003, 2006 o 2013 son algunos de los años en los que hemos visto reformas, más o menos profundas, de nuestro sistema educativo. Desgraciadamente, el tiempo no ha hecho si no empeorar las cosas, no en vano, y hasta que los índices de absentismo y fracaso escolar empezaron a subir alarmantemente durante el período 2003 en adelante, habíamos vivido (según la OCDE) como el país con mayor evolución educativa de los últimos 40 años. Lástima que hayamos estropeado semejante estadística por disputas políticas.
Añadamos al batiburrillo nuestra incorporación a la Unión Europea. Sabíamos desde finales de los 90 del siglo pasado que habríamos de adaptarnos al Espacio Europeo de Estudios Superiores, pero lo hicimos, con espíritu español, en último lugar, deprisa, y en muchos casos, mal. Estableciendo programas de adaptación dispares, difusos, oscuros y que precisan de remiendos casi cada año.
A ello, sumamos un mayor coste para el ciudadano de a pie, ese que más sufre la crisis, del valor de la educación. Antaño, era un derecho, hoy día, casi un lujo. Las leyes además relativas a la ayuda a este pilar esencial del Estado social, como la de las becas, se ha endurecido. Ahora, es necesario relativizar la capacidad del alumno, se perjudica claramente a las capas sociales más desfavorecidas, Wert, nuestro actual ministro de Educación, ha creado una serie de pruebas a modo de corte. La reforma de 2013 supone un retraso de más de 30 años, no sólo habrán de obtener medias más altas en las asignaturas cursadas con anterioridad, sino que además, la renta habrá de ser aún más baja (o eres muy pobre y muy capaz de estudiar, o te vas al carajo)...Pronto, el insigne señor, pedirá haber escalado dos ochomiles y estar en posesión de diferentes títulos académicos.
Los problemas mundanos
Se reconocen a simple vista, algunos de los problemas de los diferentes sistemas. La laicidad hace años que debió de llegar a los mismos, las vueltas que se dan casi con cada legislatura con la importancia de la asignatura de Religión hace que, en ocasiones, nos parezca que enfrentamos un problema tal como si estudiáramos el alfabeto griego o el que no es propio... Cuando no debiera de ser así, en un Estado proclamado laico, parte de diversos Tratados internacionales sobre derechos humanos, no debería siquiera, plantearse una cuestión de este tipo.
Tampoco es un lío la existencia de asignaturas que enseñen valores, al menos aquellos que emanen directamente de una concepción humanista de la vida. El respeto por los demás, la libertad de acción, pensamiento y opinión, así como dejar atrás viejos perjuicios sobre cuestiones tan capitales como la interrupción voluntaria del embarazo (aborto para otros), serían cruciales para, por fin, crear una Educación no politizada y más allá de disputas ideológicas, formar personas en un entorno de convivencia y respeto globales.
El vital papel del Estado
Ni que decir tiene cuán importante es el papel del Estado como tutor de una Educación Pública de calidad. Para ello, no es posible desfasar el gasto que se efectúa en ella, ni maquillar resultados, ni adornarlos con promesas futuras.
Dice la OCDE que, aplicando el 6% del PIB a los sistemas educativos, los países alcanzan un porcentaje de alfabetización y posterior desarrollo, capaz de mantener un alto nivel de progreso económico. Europa se encuentra en una media del 5,3% siendo Finlandia, con un 6,8 % (y un 98% de escuelas abiertas de carácter público), la referencia a nivel mundial, España ha bajado su porción en estos últimos años, ahora mismo, situado bajo la media europea, es con un 4,7% en 2012, una de las naciones con menos inversión en lo Público dentro del sector, lo que, por un lado o por otro, parece que ha llevado aparejado (amén de otras cuestiones) un aumento sin precedentes en las últimas décadas del fracaso y abandono escolar (30 y 27% respectivamente según el informe Pisa).
Una miembro del PP, portavoz en cierto programa de televisión, explicaba que España, debería de seguir el modelo hindú, que es capaz de sacar 300.000 ingenieros en un lustro con recursos muy limitados. Desgraciadamente, el modelo a seguir no es el mismo, mientras la India se ha reconvertido en potencia informática y automovilística, el español medio vive, de manera más o menos directa, en casi un 50% del empleo que deriva de la construcción (un sector entre el secundario y el terciario de dudosa estabilidad y resistencia). Ni tampoco podemos comparar a una nación que tiene al 27% de desnutridos del mundo (Human Wrights Watch, 2012) y a un gobierno que lanzará un costoso proyecto en el que subvencionará grano a 800 millones de personas que viven sumidas en la más grande de las miserias... Curiosa, cuando menos, comparación. No es menos cierto, que pese a que sus programas educativos alzan ligeramente el vuelo, cientos de millones de trabajadores, sin cualificación ni medios para acceder a ella, viven con menos de un dólar al día...
No creo que algún Estado verdaderamente social, y de Derecho, quiera para sí un sistema que beneficia sólo a unas pocas comunidades de las capas más acomodadas de la sociedad, sino que, al contrario, pueda fundamentarse el progreso común en la obtención de una escolarización plena, ¿por qué no?, hasta la Universidad, como siguen las políticas de desarrollo de los países escandinavos.
Muchas Españas dentro de España
Por mucho que neguemos la mayor, España es un país formado por Comunidades cuyo único igual, podría ser la lengua y un Gobierno Central común. Por lo demás, fuentes de riqueza, renta por habitante, políticas sociales, educativas y sanitarias, prestaciones,... Muy diferentes. El norte, rico tradicionalmente, poco tiene que ver con el sur, históricamente con mayores lacras en todos los sentidos.
Un gallego paga un 174% menos que un madrileño por estudiar, en la Universidad pública, el grado en Derecho. Ese dato, que nos llama la atención, no debería de darse con unas pautas que, en última instancia, deberían de estar reguladas en una ley nacional. Una serie de normas que no permitieran el desfalco entre unas comunidades y otras, que pudieran aventajar a las comunidades más pobres sobre las que ya son ricas (al menos hasta que se marque una cifra de equilibrio), el Gobierno central no está sólo para armonizar, sino para imponer, en determinados casos, las líneas que han de marcar el bienestar del conjunto de la nación, sin que por ello se atente contra la dignidad como pueblo de alguna de las nacionalidades del país.
Puede ser que el problema de fondo siempre sea la alta política, es posible que nos llevemos mejor entre españoles que lo que nos hacen ver ciertos medios de comunicación que tienen, en la confrontación entre gentilicios, parte de la razón de su ser. Pero, un Gobierno inteligente, fuerte y decidido a apostar por el bienestar del conjunto de ciudadanos, debería de no dar rienda a situaciones de este tipo. No debiera de favorecerse la demagogia, la mentira y las patrañas como forma de defender un modelo de Estado, mejor tener aliados que amigos enemistados.
La crisis económica mundial se ha llevado por delante muchos años de esfuerzos, trabajo que se ha volatilizado en apenas un cuatrienio. El antiguo Estado de Derecho había dejado paso al nuevo que añadía como adjetivo "social", para hacer hincapié en aquel estigma de el pueblo que gobierna para el pueblo...
Leyes de educación
Las ha habido por doquier, pero son sin duda las establecidas con la llegada de la democracia, las que más interés han suscitado para las generaciones que hoy día copan el mercado laboral. Cada facción política hace suya la Educación, el consenso ha quedado postergado por la necesidad de pervivencia histórica. Las defensas de ideales políticos no pueden subsistir si no existen dogmas de fe. Y eso, en este país tan manejable, lo sabe el más pintado...no quieran saber los políticos que nos ha tocado en suerte.
1985, 1990, 2003, 2006 o 2013 son algunos de los años en los que hemos visto reformas, más o menos profundas, de nuestro sistema educativo. Desgraciadamente, el tiempo no ha hecho si no empeorar las cosas, no en vano, y hasta que los índices de absentismo y fracaso escolar empezaron a subir alarmantemente durante el período 2003 en adelante, habíamos vivido (según la OCDE) como el país con mayor evolución educativa de los últimos 40 años. Lástima que hayamos estropeado semejante estadística por disputas políticas.
Añadamos al batiburrillo nuestra incorporación a la Unión Europea. Sabíamos desde finales de los 90 del siglo pasado que habríamos de adaptarnos al Espacio Europeo de Estudios Superiores, pero lo hicimos, con espíritu español, en último lugar, deprisa, y en muchos casos, mal. Estableciendo programas de adaptación dispares, difusos, oscuros y que precisan de remiendos casi cada año.
A ello, sumamos un mayor coste para el ciudadano de a pie, ese que más sufre la crisis, del valor de la educación. Antaño, era un derecho, hoy día, casi un lujo. Las leyes además relativas a la ayuda a este pilar esencial del Estado social, como la de las becas, se ha endurecido. Ahora, es necesario relativizar la capacidad del alumno, se perjudica claramente a las capas sociales más desfavorecidas, Wert, nuestro actual ministro de Educación, ha creado una serie de pruebas a modo de corte. La reforma de 2013 supone un retraso de más de 30 años, no sólo habrán de obtener medias más altas en las asignaturas cursadas con anterioridad, sino que además, la renta habrá de ser aún más baja (o eres muy pobre y muy capaz de estudiar, o te vas al carajo)...Pronto, el insigne señor, pedirá haber escalado dos ochomiles y estar en posesión de diferentes títulos académicos.
Los problemas mundanos
Se reconocen a simple vista, algunos de los problemas de los diferentes sistemas. La laicidad hace años que debió de llegar a los mismos, las vueltas que se dan casi con cada legislatura con la importancia de la asignatura de Religión hace que, en ocasiones, nos parezca que enfrentamos un problema tal como si estudiáramos el alfabeto griego o el que no es propio... Cuando no debiera de ser así, en un Estado proclamado laico, parte de diversos Tratados internacionales sobre derechos humanos, no debería siquiera, plantearse una cuestión de este tipo.
Tampoco es un lío la existencia de asignaturas que enseñen valores, al menos aquellos que emanen directamente de una concepción humanista de la vida. El respeto por los demás, la libertad de acción, pensamiento y opinión, así como dejar atrás viejos perjuicios sobre cuestiones tan capitales como la interrupción voluntaria del embarazo (aborto para otros), serían cruciales para, por fin, crear una Educación no politizada y más allá de disputas ideológicas, formar personas en un entorno de convivencia y respeto globales.
El vital papel del Estado
Ni que decir tiene cuán importante es el papel del Estado como tutor de una Educación Pública de calidad. Para ello, no es posible desfasar el gasto que se efectúa en ella, ni maquillar resultados, ni adornarlos con promesas futuras.
Dice la OCDE que, aplicando el 6% del PIB a los sistemas educativos, los países alcanzan un porcentaje de alfabetización y posterior desarrollo, capaz de mantener un alto nivel de progreso económico. Europa se encuentra en una media del 5,3% siendo Finlandia, con un 6,8 % (y un 98% de escuelas abiertas de carácter público), la referencia a nivel mundial, España ha bajado su porción en estos últimos años, ahora mismo, situado bajo la media europea, es con un 4,7% en 2012, una de las naciones con menos inversión en lo Público dentro del sector, lo que, por un lado o por otro, parece que ha llevado aparejado (amén de otras cuestiones) un aumento sin precedentes en las últimas décadas del fracaso y abandono escolar (30 y 27% respectivamente según el informe Pisa).
Una miembro del PP, portavoz en cierto programa de televisión, explicaba que España, debería de seguir el modelo hindú, que es capaz de sacar 300.000 ingenieros en un lustro con recursos muy limitados. Desgraciadamente, el modelo a seguir no es el mismo, mientras la India se ha reconvertido en potencia informática y automovilística, el español medio vive, de manera más o menos directa, en casi un 50% del empleo que deriva de la construcción (un sector entre el secundario y el terciario de dudosa estabilidad y resistencia). Ni tampoco podemos comparar a una nación que tiene al 27% de desnutridos del mundo (Human Wrights Watch, 2012) y a un gobierno que lanzará un costoso proyecto en el que subvencionará grano a 800 millones de personas que viven sumidas en la más grande de las miserias... Curiosa, cuando menos, comparación. No es menos cierto, que pese a que sus programas educativos alzan ligeramente el vuelo, cientos de millones de trabajadores, sin cualificación ni medios para acceder a ella, viven con menos de un dólar al día...
No creo que algún Estado verdaderamente social, y de Derecho, quiera para sí un sistema que beneficia sólo a unas pocas comunidades de las capas más acomodadas de la sociedad, sino que, al contrario, pueda fundamentarse el progreso común en la obtención de una escolarización plena, ¿por qué no?, hasta la Universidad, como siguen las políticas de desarrollo de los países escandinavos.
Muchas Españas dentro de España
Por mucho que neguemos la mayor, España es un país formado por Comunidades cuyo único igual, podría ser la lengua y un Gobierno Central común. Por lo demás, fuentes de riqueza, renta por habitante, políticas sociales, educativas y sanitarias, prestaciones,... Muy diferentes. El norte, rico tradicionalmente, poco tiene que ver con el sur, históricamente con mayores lacras en todos los sentidos.
Un gallego paga un 174% menos que un madrileño por estudiar, en la Universidad pública, el grado en Derecho. Ese dato, que nos llama la atención, no debería de darse con unas pautas que, en última instancia, deberían de estar reguladas en una ley nacional. Una serie de normas que no permitieran el desfalco entre unas comunidades y otras, que pudieran aventajar a las comunidades más pobres sobre las que ya son ricas (al menos hasta que se marque una cifra de equilibrio), el Gobierno central no está sólo para armonizar, sino para imponer, en determinados casos, las líneas que han de marcar el bienestar del conjunto de la nación, sin que por ello se atente contra la dignidad como pueblo de alguna de las nacionalidades del país.
Puede ser que el problema de fondo siempre sea la alta política, es posible que nos llevemos mejor entre españoles que lo que nos hacen ver ciertos medios de comunicación que tienen, en la confrontación entre gentilicios, parte de la razón de su ser. Pero, un Gobierno inteligente, fuerte y decidido a apostar por el bienestar del conjunto de ciudadanos, debería de no dar rienda a situaciones de este tipo. No debiera de favorecerse la demagogia, la mentira y las patrañas como forma de defender un modelo de Estado, mejor tener aliados que amigos enemistados.
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